Venta ilegal en Flores: los manteros se adueñan de veredas y calles

La avenida Avellaneda está sólo detrás de Once en cuanto a mayor cantidad de venta ilegal en la Capital, pero en este caso también la calzada está tomada.

(Barrio de Flores) La avenida Avellaneda tiene al menos diez cuadras en donde su original sentido, ser una vía rápida para el tránsito de vehículos, casi perdió su razón de ser. En el tramo que va desde la calle Bahía Blanca hasta Terrada, la primera después de Nazca, los manteros ocupan las veredas y prácticamente toda la calzada. La venta ilegal de mercadería de todo tipo, pero especialmente ropa, crece sin pausa y suma nuevas modalidades, como los “probadores móviles” y la reserva de productos por WhatsApp o por Facebook.

Las furgonetas pasan y proveen a vendedores -que pagan entre 50 y 100 pesos por día por un lugar en la vereda-, lo que denota la existencia de una cadena organizada de puestos originada en vendedores mayoristas.

Todo eso ocurre delante de locales dedicados a la venta de ropa que algunos días ni siquiera pueden abrir y que terminan cerrando por la competencia desleal. Las persianas bajas son el telón de fondo de los manteros.

Los comerciantes piden que se declare la emergencia del espacio público y denuncian que reciben amenazas, ante la pasividad de policías y autoridades.

Flores está sólo detrás de Once en cuanto a mayor cantidad de venta ilegal en la Capital. Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), hay allí 1380 puestos, entre manteros y meseteros (que exhiben la mercadería sobre una mesa hecha con tablones y cajones). Los vendedores despliegan su mercadería a lo largo de la avenida Avellaneda, entre el 2600 y el 3900, y en sus transversales. Indumentaria, calzado, bijouterie e incluso comida invaden las veredas y dejan, en algunos tramos, menos de un metro para caminar.

A diferencia de otros lugares como Retiro u Once, en este caso también la calle está tomada. “Hay sábados en los que queda sólo un carril habilitado al tránsito“, explicó Ricardo Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Avellaneda (Acoma).

Según pudo comprobar LA NACION, los vendedores se ubican en las calzadas y en las intersecciones, por lo que la circulación vehicular se complica. Los colectivos no tienen espacio suficiente para doblar en las esquinas y deben maniobrar, para lograrlo, desde mitad de la avenida. A esto se suman autos y ómnibus que llegan con compradores del interior del país, que estacionan en doble y hasta en triple fila e interfieren con el tránsito, lo que obliga a los peatones a caminar entre ellos.

“Todavía no tuvimos un accidente; el día que ocurra vamos a ver qué pasa”, dijo Vicente Lourenzo, presidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales (Cadmira) y vocero de la CAME.

Nuevas modalidades
Sobresale la venta con vehículos, o “probadores móviles”, como los llaman algunos vecinos. Son autos y camionetas que sirven de mostradores; tienen las puertas y el baúl abiertos y allí se expone la ropa o el calzado que está en venta. Generalmente están cerca de los contenedores de basura, por lo que los clientes tienen un espacio semiescondido donde probarse la mercadería.

Se reparten tarjetas con datos de contacto. “Ahí tenés los teléfonos y podés hacerme los encargos por WhatsApp”, ofreció a LA NACION José González, vendedor de zapatos. “Los hago yo, por eso los vendo baratos”, explicó. Según el informe presentado por la CAME el mes pasado, titulado “El mapa de la Argentina ilegal“, las ventas por WhatsApp o redes sociales son una modalidad en crecimiento.

Pueden verse también percheros como los que utilizan los locales legales en las veredas o sobre la calzada y perchas con ropa colgada de los contenedores de basura.

En el último informe de la CAME, los empresarios denunciaron que hay apoyo logístico a los puestos ilegales. Hablan de organizaciones que realizan “operaciones de entrega en vehículos de carga, tipo furgonetas, recorriendo gran número de puestos”, dice el relevamiento. Según la CAME, esto indicaría que hay cadenas de puestos que pertenecen a un mismo dueño.

Esos puestos tienen precio. “Por estar acá me cobran. Pago $ 100 por el día y con eso sé que la policía no me molesta“, afirmó González, el zapatero. Otros dos puesteros, que no quisieron identificarse, dijeron que pagan $ 50 por día. “Cada uno tiene un arreglo; depende del tamaño del puesto y de si vendés cosas de marca o no”, dijo un tercero.

Ninguno sabe quién está realmente detrás de los cobros, pero suponen que una parte de lo recaudado va a la policía. Esta cronista fue testigo de cómo una mujer de estatura baja, quizá boliviana, pasaba por los puestos y recaudaba. “¿Esto es lo tuyo? Son 50”, decía. Ante la pregunta de LA NACION, no quiso decir quién era y afirmó que el dinero era para una especie de rifa entre los vendedores. A los pocos minutos desapareció.

“Pagan por los espacios; aunque es vox pópuli, no se puede acusar a nadie. Los tenemos identificados, pero no sabemos ni siquiera para quién trabajan. Se supone que atrás de esto está la policía”, dijo Martínez.

El fiscal Martín Lapadú dijo que la Justicia no tiene identificadas a las personas que cobran por el espacio, pero sí tienen algunas líneas de investigación. “El problema que existe también está vinculado con la operatividad policial; no podemos contar con la Policía Federal para que haga tareas de inteligencia ni para que dé ningún tipo de información. Si usted pasa por Avellaneda verá los puestos y, tal vez, un policía federal en la esquina o un patrullero. Y no veo que ningún vendedor ambulante salga corriendo; eso es muy llamativo”, dijo Lapadú, que agregó: “Por eso está denunciado el comisario de la 50a.”.

Lapadú dijo que trabajan sobre los depósitos de mercadería, con ayuda de la Policía Metropolitana. “Hacemos allanamientos y llevamos secuestrados más de 25 camiones de mercadería a lo largo del último año y medio“, afirmó el fiscal.

Por su parte, Lourenzo destacó: “Lo que nosotros decimos permanentemente es que hay complicidad estatal. Acá hay una cantidad de delitos concurrentes, evasión fiscal y trabajo en negro, que están en la órbita tanto de la justicia federal como de la porteña”.

Intimidaciones y silencio
Los comerciantes manifestaron que sufren amenazas de muerte por hacer las denuncias. Martínez, por ejemplo, fue intimidado con un arma desde la puerta de su local por un cafetero al que no le permitió que parara en su vereda. Daniel Iglesias, vicepresidente de Acoma, también recibió amenazas cuando regresaba de la fiscalía a su casa, luego de denunciar la venta ilegal.

Por todo esto, los empresarios piden que se declare la emergencia del espacio público y se cree una comisión especial integrada por los ministerios del Interior y de Trabajo de la Nación, el gobierno de la ciudad, la AFIP/Aduana y las policías Federal y Metropolitana, para que trabajen en conjunto en la erradicación de la venta ilegal. Todavía, afirman, esperan respuesta.

Al ser consultados sobre el tema, voceros del Ministerio de Seguridad -del cual depende la Policía Federal- dijeron que este problema es una contravención y, por lo tanto, corresponde a la Policía Metropolitana tomar cartas en el asunto, a menos que un juez les dé una orden expresa de actuar.

El fiscal Lapadú dijo que “el Ministerio [de Seguridad] entiende que las contravenciones las tiene que trabajar la Policía Metropolitana, pero eso no está en ninguna ley ni reglamentación. De hecho, en el orden del día de la Policía Federal número 69, de 2012, salió publicado el protocolo de tratamiento de las contravenciones por parte de la Policía Federal”. Agregó: “Quiero decir que Avellaneda está como está porque la Federal y la comisaría 50a. no cumplen con su deber de trabajar las contravenciones, puesto que si la policía hiciese las actas y los secuestros pertinentes, habría causas de actividad lucrativa, habría juicios, decomiso de mercaderías y demás”.

Voceros de la Policía Metropolitana afirmaron: “No estamos en esa zona, sino en las comunas 4, 12 y 15. Nosotros vamos y colaboramos cuando [el Ministerio de] Ambiente y Espacio Público nos lo pide”. Agregaron que se hacen presentes, además, si hay alguna orden judicial expresa o en caso de que haya agresiones hacia los inspectores porteños que puedan estar trabajando en la zona.

Fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público dijeron a LA NACION: “Esta es una actividad ilegal que no es posible erradicar sin el auxilio de la Policía Federal. Es un flagelo; se los puede correr, pero al día siguiente volverán a instalarse. Sin el indispensable apoyo policial no es posible llevar adelante una acción de fondo”.

Una aplicación para realizar denuncias
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) anunció que en los próximos días lanzará la primera app con la que los vecinos podrán denunciar la venta ambulante en la vía pública.

Con esta aplicación ideada para el teléfono celular, cualquier persona podrá sacar una foto de alguna irregularidad y el sistema permitirá identificar el puesto ilegal y su ubicación.
Con esto se creará un nuevo mapa de la venta ilegal en las calles, explicaron voceros de CAME.

Fuente: La Nación