Buenos Aires, 18/06/2024, edición Nº 5036
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Coronavirus: tras una orden judicial, el Gobierno porteño informó la situación en el Hospital Álvarez

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(Barrio de Flores) La jueza Patricia López Vergara le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que entregue información sobre cómo se está dando el tratamiento de la pandemia del coronavirus. Esto incluyó, además de datos sobre la compra de reactivos para el testeo, la cantidad de personas que están en situación de aislamiento en el Hospital Álvarez y cuántas fueron testeadas. Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno porteño finalmente entregó la información a la jueza, que le impuso las costas por la demora. El Gobierno porteño contestó que al 5 de junio tenía 40 pacientes internados en el hospital del barrio de Flores, que recibió del Gobierno nacional 1850 test y que compró otros kits para hacer un total de 76 mil hisopados.

La curiosa causa gira en torno al derecho a la información y proviene de un reclamo de un abogado, que al solicitar esos datos fue convocado a una reunión con el Gobierno porteño a la que no asistió para no violar la cuarentena. La jueza López Vergara no se privó en su fallo de señalar la contradicción entre plantear una medida general de aislamiento y, ante el pedido de información puntal, citar a la persona que lo demanda a una reunión física.

¿Qué es lo que quería saber? Lo que preguntó por las vías administrativas habituales (es decir, la web del Gobierno porteño) a principios de abril era la cantidad de reactivos que habían comprado, cuántos les había aportado el Gobierno nacional, y también quiso saber “cuántas personas en situación de aislamiento tiene a la fecha el Hospital Álvarez y cuántas de estas fueron testeadas“. El abogado planteó en la causa judicial que, tras varias postergaciones, el 12 de mayo recién le contestaron y recibió “una respuesta totalmente incongruente”: le dieron una información general sobre síntomas y protocolos y, además, lo citaron a una reunión presencial para el 21 de mayo. Respondió que por el aislamiento social obligatorio “era fácticamente inviable” ir a esa reunión. Incluso argumentó que el día no coincidía con su DNI (terminación par o impar), como había reglamentado Larreta. Cuando el Gobierno porteño fue notificado de que se había abierto una causa judicial, cesó toda respuesta al abogado.

La jueza no dejó de marcar esa contradicción: “El propio jefe de Gobierno, como su ministro de Salud, recomiendan en todos los medios de comunicación a los ciudadanos de la Ciudad no salir de sus hogares. ¿Y se lo invita a concurrir a una reunión de diálogo en violación de las normas que instan a extremar los cuidados del aislamiento?”. “La reunión propuesta prescindió del contexto en que se implantaron las medidas de aislamiento y cuidados, medidas de resguardo especialmente emanadas desde el propio Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad”, indicó la magistrada. A todo esto, al abogado acotó que la información requerida se podía hacer llegar por cualquier medio digital (por ejemplo, en un simple correo electrónico). Pero hizo falta una causa y una orden judicial. La jueza López Vergara relevó la información que le habían enviado al principio al abogado y advirtió que no tenía relación con lo que había preguntado. El Ministerio de Salud porteño argumentó en la causa que estaba colapsado atendiendo la pandemia, pero la jueza le contestó: “La pandemia por covid-19 invocada en modo alguno lo relevaba de su obligación de brindar la información requerida”.

La magistrada advirtió que “la CIDH en su resolución n° 1/2020 ‘Pandemia y Derechos Humanos de las Américas’ ha recomendado a los gobiernos ‘asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública'”. La jueza, además, planteó que no se advertía cuál era la dificultad para, simplemente, entregar esa información.

De hecho, la información finalmente apareció en el expediente judicial a principios de este mes. Allí se señala que, mediante distintas disposiciones, compraron kits para hacer un total de 76.040 pruebas y que, además, el Gobierno nacional aportó otros 1850 kits. Sobre la cantidad de personas aisladas con covid-19 en el Hospital Álvarez, respondieron que al 5 de junio eran 40 personas (32 positivos y 8 con síntomas sospechosos), pero que la situación era dinámica y los números se modifican en forma constante. Tras un extenso periplo para conseguir unos simples datos públicos, la jueza consideró que la causa era abstracta y la cerró, no sin antes imponerle las costas al Gobierno porteño por no haber entregado la información en los tiempos que marca la ley. NR

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