Desinvertir en Politica

Escribe Lic. Norberto Quaglia

En una entrevista que le hizo Paulino Rodríguez en radio Continental al Subsecretario de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Contador Eduardo Macchiavelli en su programa de Radio Continental surgió el tema de la propuesta que vuelve a insistir en hacer el ejecutivo porteño de modificación de la Ley de Comunas con el objeto de que solamente perciba sueldo el presidente de la Junta Comunal, reconociendo la poca experiencia y confianza que este ejecutivo tiene en la conformación de un ejecutivo colegiado que a criterio de ellos resulte eficaz.-
En oportunidad de la charla que diera en la Asociación de Dirigentes de Empresas el Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad, Lic. Horacio Rodriguez Larreta, tuve oportunidad de preguntarle con referencia a una señal de tránsito que indicaba una velocidad máxima de 40 km/h, a la que casi nadie obedecía.
¿A su criterio qué era lo que se debía hacer?, ya que un grupo de vecinos proponía sacar la señal y la cámara que sancionaba a los infractores.
Las opciones eran, o sacar la señal de tránsito u obedecerla y bajar la velocidad, a lo que respondió sin dudar, que si existía una norma había que cumplirla. No obstante haber afirmado esto, minutos después confirmó que consideraba que la conformación de un ejecutivo colegiado para gobernar las comunas, era algo que él creía que no iba a funcionar, por lo que había que cambiarlo.
Habría que volver a hacer la pregunta, ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Obedecer la norma o sacar el cartel de máxima 40?
Hoy, la implementación de Políticas Públicas exige de los funcionarios que las tienen que llevar adelante una preparación muy superior a la reclamada en otros momentos.
Hoy erigirse en dirigente político implica una preparación de años, años de estudio y también de ejercitación en la gestión. La creciente demanda por parte de los ciudadanos de atención y dedicación a satisfacer sus necesidades cada vez mayores, hace más necesaria una preparación casi permanente de los funcionarios a cargo de eso.
El Estado invierte en la capacitación de esos funcionarios. La Nación, las Provincias y hasta muchas intendencias municipales cuentas con organismos que se encargan de capacitar y formar permanentemente a sus empleados, quienes son los encargados de satisfacer las demandas de los ciudadanos.
Hasta la ley de Partidos Políticos, exige que cada una de las agrupaciones cuente con instancias de formación de sus cuadros. El Estado invierte en política, creando institutos de formación y subvencionado a otros que se orientan en igual sentido.
Invertir en Política implica invertir en el futuro de las instituciones, invertir en política también significa una manera de fortalecer la democracia, porque cuanta más personas se incorporen al sistema político del juego de la democracia, más se fortalece esta. Hay dirigentes que sin embargo se orientan en otro sentido, que consideran a la política como un emprendimiento casi personal y que no creen que deban incorporarse más ciudadanos a este casi círculo virtuoso, por esa razón desestiman y desestimulan a quienes se esfuerzan por incorporarse a la política. Para ellos los ciudadanos son solo observadores, algo menor, distante.
Pero la realidad nos muestra otra cosa, los ciudadanos están acá, golpeando las puertas, reclamando para ser atendidos y demandando cada día mayor cantidad de cosas e instando ser asistidos con eficiencia y que la respuesta que reciban sea eficaz, para eso es necesaria la capacitación y la ejercitación por parte de los responsables de esas respuestas.
No hay ahorro posible en la política, como tampoco lo hay en la educación ni en la salud. La política exige inversión. El falso ahorro en la política que nos pretende proponer el Jefe de Gobierno, no es tal.  No es ahorro, es desinversión en el fortalecimiento de las instituciones de la democracia.
Como es posible que por un lado hable de la necesidad de incrementar las inversiones superando el presupuesto del año anterior, pero al mismo tiem po pretenda que quienes elijan los ciudadanos para gestionar y controlar el destino de parte de esos recursos no perciban remuneración por hacerlo, en un claro intento de corromper anticipadamente el sistema de control social de la gestión comunal.-