El plan para llevar los parquímetros a los barrios suma críticas, trabas y demoras

(Barrio de Flores) Como cada semestre, la tarifa de estacionamiento medido volverá a aumentar. Y, como ocurre seguido, hay polémica. Este viernes iba a ser la audiencia pública para tratar el tema, pero la justicia porteña la suspendió. Igualmente, lo que allí ocurriera influiría poco y nada porque se trata de un paso burocrático y no vinculante: la suba es una disposición del Ejecutivo y no requiere pasar por la Legislatura. Mientras tanto, el sistema de acarreo de autos mal estacionados sigue siendo manejado por dos empresas con contrato vencido hace casi dos décadas. Y el plan de llevar los parquímetros a los barrios – incluido Flores -, que se votó por primera vez en 2011, aún no tiene fecha de implementación y suma rechazos.

En ese panorama, lo concreto es que la hora de parquímetro pasará de costar $15 a $25, un 66% más. ¿Desde cuándo? La fecha se iba a dar a conocer en la audiencia que finalmente se suspendió. Lo que sí se sabe de antemano es que hay muchas voces en contra de la medida, entre ellas las de las legisladoras Myriam Bregman y Alejandrina Barry (FIT).

Fueron ellas quienes presentaron el recurso de amparo para que se suspendiera la audiencia, a la que se habían inscripto más de 100 personas, según datos oficiales. Finalmente, este jueves el juez Roberto Gallardo, del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, hizo lugar al pedido. Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña informaron que avanzarán con un nuevo llamado a audiencia.

Uno de los motivos del fallo tiene que ver con la dirección que se indicó para registrarse en la audiencia y hacerse de documentación sobre el tema. “Cuando fuimos al domicilio publicado en la convocatoria, nos dimos cuenta de que era incorrecto. Se manejan con una gran irregularidad”, resaltó Barry a Clarín. Se refería a Guzmán 90, que figura como el domicilio de la Subsecretaría de Gestión Comunal porteña en el decreto que convoca a la audiencia, el 11-20. Para Gallardo, ese error es una “clara transgresión al derecho al acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna” necesaria para poder participar de una audiencia pública.

En relación al aumento, Barry destacó a su vez que “la situación del transporte porteño es muy caótica y esta medida no aporta fluidez, sólo tiene fines recaudatorios. La Ciudad necesita más estacionamientos gratuitos, no un tarifazo del 113%”. Aunque la suba planteada finalmente es del 66%, la legisladora hacía referencia a la tarifa que había propuesto inicialmente el Ejecutivo, y que luego cambió.

Es que, en los considerandos del decreto 11-20, se menciona que “la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad recomienda incrementar la tarifa correspondiente al estacionamiento medido en la vía pública al valor de $ 32 la hora”. Es decir, un ajuste del 113%. Más tarde, el Gobierno porteño emitió una rectificación, según la cual el salto es de los $ 15 a los $ 25, un 66% más.

“La creciente demanda de estacionamiento” y el “atraso tarifario acumulado en los últimos años” son algunos de los motivos esgrimidos por el Gobierno porteño en el decreto. También se resalta que “el valor horario del estacionamiento en la vía pública resulta fundamental como mecanismo de uso racional” de la misma.

Uno de los que sí querían que se celebrara la audiencia, pero para mostrar su disidencia, es Arturo Pozzali, defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad. “No estamos en contra del aumento en sí, sino de su aplicación. Entendemos que la tarifa debe rediscutirse recién cuando esté implementado el nuevo sistema de parquímetros en barrios. Aún no se sabe si los vecinos deberán pagar o no para dejar el auto cerca de sus casas”, planteó.

Hablaba del proyecto oficial para llevar a los barrios el estacionamiento medido -llamado allí “ordenado”- y pasar así de 4.000 a 80.000 parquímetros. Este plan está incluido en la ley 5.786, aprobada en 2016, aunque la primera norma se sancionó en 2011. Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad aclararon que propondrán que los espacios sean gratuitos para quienes vivan a 300 metros, algo que no está especificado en el texto de la norma. Voceros del área informaron que aún no hay fecha definida para su implementación, aunque sí advierten que habrá tarifa sencilla y progresiva.

Así es como en los lugares de mayor demanda, el precio será mayor a partir de la segunda hora, para “alentar la rotación de vehículos estacionados”. Al desconocerse cuándo se pondrá en marcha el nuevo sistema, tampoco es posible saber cuánto costará el estacionamiento medido en barrios: si $25 por hora o más.

Aún no se preadjudicó ninguna de las cinco zonas de estacionamiento medido, indican desde el Gobierno porteño. En cambio, se estableció un puntaje y las empresas eligieron qué zona les interesaba. El paso que sigue ahora es que la comisión evaluadora preadjudique, pero tampoco hay fecha definida para eso. En el interín, ocurrió algo curioso: ninguna empresa mostró interés en la zona 3, que corresponde a Flores, Nueva Pompeya, Caballito y Parque Chacabuco, entre otros barrios. Como quedó vacante, deberá volver a ser licitada cuando se adjudiquen las demás zonas.

El retraso en el proceso se debió en parte a trabas judiciales como la impuesta por el juez porteño Francisco Ferrer, que a mediados de 2018 declaró inconstitucional la mencionada ley 5.786 por no haber sido aprobada en doble lectura. Ese fallo además llamaba a licitar nuevamente el servicio.

Por su parte, desde la oposición buscan derogar la ley y que sea el Estado el que administre el sistema de grúas y parquímetros.

En el proyecto de ley firmado por los 17 legisladores peronistas señala que «la primera apertura de sobres» para licitar el sistema «fue prorrogada 4 veces. De las empresas que ofertaron, dos fueron las que ya vienen prestando el servicio, y de las tres restantes, una no pasó la etapa de evaluación de antecedentes». Y agregan que «si bien la fecha de segunda apertura de sobres estaba pactada para el 7/12/2018, nunca más hubo noticias del expediente en curso, demostrando la direccionalidad y falta de transparencia en la licitación».

«Es evidente que debe frenar la ampliación de la red de parquímetros, que no solo se daría en un marco de irregularidad sino que no trae absolutamente ningún beneficio para los porteños», expresó la legisladora Lucía Cámpora, autora del proyecto.

Mientras tanto, el estacionamiento medido sigue en manos de las empresas SEC y STO, que operan desde 2001 con contratos vencidos y prorrogados. NR