La Legislatura porteña aprobó recientemente la creación de la Plazoleta Antonio Maceo, delimitada por las calles José Martí, Echeandía y Portela. Bienvenido otro pequeño enclave para aliviar la problemática ambiental, social, cultural y –no menos importante– sanitaria.
El legislador Marcelo Guouman (UCR) fue impulsor de esta ley. Una vez aprobada, manifestó: “Gracias a los vecinos de Flores que llegaron a la Legslatura y nos contaron la necesidad de contar con un espacio más seguro, donde poder tener actividades sociales y culturales”.
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Hay una realidad y es que a raíz de la pandemia se han registrado importantes cambios que demanda habitar el espacio público, no ya solo para esparcimiento, sino también por razones sanitarias vinculadas con acercar una mejor calidad del aire. Según el Código de Planeamiento Urbano, un espacio verde es un terreno que posee la mayor cantidad de suelo absorbente vegetado posible, idealmente con especies nativas, verdaderos oasis capaces de brindar un sinnúmero de beneficios: producen oxígeno, filtran polución y absorben contaminantes, regulan temperatura y humedad, almacenan carbono, reducen ruidos y contrarrestan el efecto isla de calor. Por cada árbol se estima que se compensan entre 150 y 250 kilogramos de emisiones de carbono a la atmósfera.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados. Bogotá, por caso, tiene casi 17 por habitante, San Pablo, 12 e incluso Rosario, más de 10 metros cuadrados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería mínimamente duplicar el área. Sin embargo, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad denuncian que en los últimos 12 años más de 150 hectáreas verdes porteñas fueron destinadas a desarrollos inmobiliarios y que se ha autorizado la privatización de más de 500 hectáreas de tierra pública.
En el sitio web del gobierno de la ciudad se contabilizan 932 espacios verdes públicos, entre plazas, parques, patios y plazoletas; una proporción insuficiente y una desigual distribución según las comunas.
NT