Julián Cappa expresó su rechazo a la Ley de Emergencia de Larreta: “Recursos no faltan”

(Barrio de Flores) Sin apoyo de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta consiguió que la Legislatura de la Ciudad aprobara este jueves la Ley de Emergencia Económica que envió y que le da amplias facultades para reasignar partidas, congelar programas y la planta de personal en función de la pandemia. La norma fue votada con 38 votos afirmativos del PRO y sus aliados y tuvo en contra 21 votos del Frente de Todos y de la izquierda.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene este año 2020 un presupuesto de $166.000 por habitante por año, el más alto del país. La Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene $55.000 por habitante por año, un tercio de la CABA. Otras provincias, aún menos. Es decir, recursos no faltan”, comenzó explicando Julián Cappa, integrante de la Junta Comunal 7 por el Frente de Todos, sobre uno de los motivos del rechazo a la Ley. Y el vecino de Flores agregó que “en ese sentido, es inaceptable el recorte del presupuesto de vivienda y la falta de plena provisión de insumos a hospitales y también de asistencia alimentaria a las personas más vulnerables”.

Durante la Sesión, que se llevó a cabo en el Salón Dorado respetando medidas de distanciamiento social, la legisladora María Rosa Muiños sostuvo que «la ley de Emergencia del Ejecutivo no cumple con ninguna de las cosas que nosotros solicitamos en ese debate. Básicamente, no tiene un control serio. Nuestro proyecto de minoría contempla proyectos que fuimos presentando en cuanto al destino del gasto, que es lo que falta en esta Ley. El Ejecutivo ordena de dónde van a sacar los recursos pero no dice a dónde van».

Por su parte, la legisladora, Cecilia Segura, hizo referencia a la Comisión de Seguimiento propuesta por el oficialismo. «La ley plantea la creación de una Comisión de Fiscalización pero con mayoría oficialista y presidida por un diputado o diputada también oficialista. Más que de fiscalización, esta es una comisión de convalidación de la impunidad», aseguró.

A su turno, el legislador Leandro Santoro dijo no querer que “pase lo que pasó ayer que sacaron recursos de los comedores escolares para beneficiar al concesionario de los subterráneos Benito Roggio”. También exigió al Gobierno porteño que convoque a la oposición para gestionar la emergencia, de la misma forma que lo hizo el Gobierno Nacional.

Mientras que el legislador, vicepresidente del bloque y también vecino de la Comuna 7, Javier Andrade, agregó que “la discrecionalidad, la falta de especificación sobre el destino de los recursos y la no priorización de atender a los más vulnerables es lo que nos lleva a no poder acompañar este proyecto”.

El bloque del Frente de Todos había presentado un proyecto alternativo que incorporaba a la Ley de Emergencia la protección de las actividades económicas más golpeadas, como restaurantes, hoteles, taxis, centros culturales y clubes deportivos, entre otros. La propuesta contemplaba también un refuerzo para el programa Ciudadanía Porteña y la obligación de destinar recursos para atender situaciones de violencia de género. Además, establecía el deber de convocar a la Auditoría General de la Ciudad a realizar un examen de las compras y contrataciones.

“La Ciudad necesita una Ley de Emergencia, pero debe ser para ayudar a la gente. No podemos acompañar un proyecto de emergencia que no nos garantiza que se destinen los recursos al sistema de salud o a proteger a la población vulnerable. En este contexto, no podemos apostar por un proyecto que recorta programas sin precisar qué destino tendrá”, consideraron los legisladores del Frente de Todos. A la vez que agregaron que les “preocupa que el proyecto concede una serie de superpoderes al Poder Ejecutivo porteño sin establecer mecanismos de control confiables”.

Y concluyeron: «desde el Frente de Todos venimos proponiendo la implementación de un protocolo para barrios populares, más insumos para el sistema de salud y para sus trabajadores y programas de refuerzos alimentarios. A cambio, nos encontramos con un proyecto que como solución plantea la posibilidad de recortes en áreas fundamentales como vivienda y ajuste en los salarios de los trabajadores estatales”.