Caducará el decreto que prorrogaba los contratos de alquileres y prohibía deslojos

El gobierno de Alberto Fernández ya anticipó que caducará el decreto que prorrogaba los contratos de alquileres y prohibía desalojos, pero al mismo tiempo el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, anunció este viernes que el mismo Ejecutivo “asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo”, afectadas justamente por la decisión anterior.

Ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de los alquileres y prohibía desalojos. que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.

Al respecto, el secretario Scatolini señaló que se va a trabajar en “un protocolo que permita caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales”.

El bajísimo poder adquisitivo de los salarios en los últimos años dificulta el acceso a la vivienda propia

“El objetivo de este gobierno es poner muchos recursos como no se hizo en los últimos años en Argentina, en la construcción de vivienda con las unidades ejecutoras en las provincias y también a través del Procrear (Programa de Crédito Argentino)”, destacó el funcionario.

Para la elaboración del protocolo, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que extendieron los contratos de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Asimismo, el ministerio instruyó a la secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Explicó que se hará “un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”, y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.