Faltan 200 cuerpos en las morgues porteñas y la justicia no investiga

Hace nueve meses que está frenada una causa por el descontrol en los depósitos de cuerpos de hospitales públicos. En las morgues porteñas hay un faltante de 200 cuerpos.

(CABA) Hace nueve meses que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires mantiene frenado el expediente que investiga el faltante de más de 200 cadáveres –la mayoría de ellos, de niños y bebés– en las morgues de hospitales públicos porteños. Es la misma causa que puso en evidencia el estado ruinoso de los depósitos de cuerpos, bajo un sistema marcado por las irregularidades y la desidia de las autoridades a cargo.

La investigación, de alto impacto político para la administración de Mauricio Macri, venía marchando a paso ágil, acumulando pruebas, hasta que el PRO apeló a una de sus estrategias judiciales preferidas: recusar al juez, en este caso, Andrés Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2. El 12 de agosto de 2013, los abogados de la Procuración General lo acusaron de excederse en sus facultades y le atribuyeron “prejuzgamiento” y “enemistad manifiesta“. Un día después, el expediente pasó a manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero, que desde entonces guarda silencio y mantiene en stand by una causa potencialmente escandalosa para el PRO, con figuras delictivas que van desde violación de deberes de funcionario público y falsificación de partidas de defunción, hasta la posible supresión de identidad y desaparición de cadáveres.

La Sala III, compuesta por los jueces Gabriela Seijas, Hugo Zuleta y Esteban Centanaro (designado para subrogar a Horacio Corti, de licencia y hoy al frente de la Defensoría General porteña) debe decidir si aparta a Gallardo o, en cambio, rechaza la recusación y devuelve la causa al juez, como hace meses lo solicitó en su dictamen la fiscal de Cámara.

En tanto, la Procuración sigue enviando escritos al Juzgado Nº 2 para “evitar un perjuicio irreparable” y solicitando el “soterramiento” de varios de esos cadáveres perdidos, cuya búsqueda, justamente, bloquea la maniobra del Ejecutivo porteño.

En su informe a la Cámara tras el planteo recusatorio, Gallardo recordó que el Expediente Nº 42.492/1 “GCBA s/Otros Procesos Incidentales” se originó cuando el gobierno de la Ciudad pidió autorización para inhumar 23 cuerpos depositados en morgues de hospitales, algo que por el largo tiempo transcurrido era imposible de realizar en las dependencias normales. Aquellos expedientes generaron sospechas inmediatas. “La documentación acompañada adolecía de serias deficiencias e irregularidades que impedían acordar la licencias de inhumación solicitadas”, recordó el juez. Por caso, cuatro de los cadáveres mencionados no estaban en las morgues consignadas por el Ejecutivo. Para el magistrado, “que la máxima autoridad legal del Estado local promueva en el Poder Judicial acciones propiciando la sepultura de personas inexistentes o convalidando certificados de defunción confeccionados dos o tres años con posterioridad a los eventuales fallecimientos, es de una gravedad escandalosa“.

Hasta el momento en que el expediente se congeló en la Sala III de la Cámara de Apelaciones, se habían allanado los 22 hospitales púbicos de la Ciudad con depósitos de cuerpos, además de la Procuración y la Dirección de Cementerios. Sin embargo, por el corte abrupto de la pericia, el equipo del Juzgado Nº 2 sólo llegó a sistematizar los datos de seis morgues. En esos casos no fue posible hallar cientos de cuerpos que, según los registros hospitalarios, nunca habían sido retirados. “Desde el año 2008 a la fecha (por agosto de 2013) supuestos cadáveres ingresados no acreditan su egreso“, resumió Gallardo. Se refirió a 30 adultos y once bebés en el Hospital Ramos Mejía; a 20 adultos y 73 bebés en el Rivadavia; a tres adultos y un bebé en el Durand; a un adulto en el Muñiz; a 16 adultos y 24 bebés en el Piñeiro; y a siete adultos y 30 bebés en el Santojanni. En total, se identificaron 216 casos: 77 de adultos y 139 de menores.

La pesquisa había comenzado el vienes 2 de agosto, con operativos que se extendieron durante el fin de semana, cuando se revisaron los centros de salud antes mencionados, con resultados impactantes. “La ausencia de varios cadáveres cuya inhumación fue judicialmente requerida por el gobierno de la Ciudad y la presencia de otros que no se encuentran registrados en ningún lado o ni siquiera tienen identificación, constituye un hecho inaceptable(…) y evidencia una situación de extrema gravedad“, consideró el juez.

Este hecho derivó en el allanamiento simultáneo del resto de las morgues dependientes de la Ciudad, con la asistencia de la Policía Federal y su División Científica. Los funcionarios se toparon con un cuadro terrible: “numerosos cadáveres en avanzado estado de putrefacción ‘entreverados’ entre otros cadáveres, trozos de miembros amputados” y “gran cantidad de cuerpos sin identificación que permanecen en los depósitos desde un tiempo indeterminado”. Gallardo comparó el estado de abandono con el de un “basural”. También se refirió a “registros inexistentes o llevados de forma absolutamente irregular” y a la “ausencia de personal responsable”.

Limitando el costo político, Macri esperó el día posterior a las PASO de 2013 para recusar a Gallardo. Además de cuestiones ligadas a su accionar en la causa, mencionó las ideas políticas del magistrado. Para sostener el supuesto “prejuzgamiento“, la Procuración se refirió al visto bueno de Gallardo a una reforma del Poder Judicial. En su escrito, el abogado Francisco Siffredi habló de la “sintonía (del juez) con la postura del gobierno nacional respecto de la necesidad de una reforma judicial“. Para eso, citó fragmentos de la carta donde meses atrás el magistrado había explicado su decisión de dejar el cargo como defensor General Adjunto para retornar a su juzgado. En esa misiva, Gallardo habló de “asumir de forma plena el puesto de lucha que se abre en la actual confrontación de los modelos de justicia en el país“, y Siffredi lo interpretó como prueba de una “intencionalidad elocuente“. Para el abogado de la Procuración, “la clara enemistad (del juez) se hace patente (…) y es así que, en el particular, se lo recusa“.

En respuesta, la asociación Justicia Legítima expresó su “más enérgico rechazo a la actitud de la representación jurídica del GCBA, que fundara la recusación (de Gallardo) por su pertenencia y defensa de las ideas de quienes desde el interior del Poder Judicial plantean la reforma del sistema y su democratización“.

A los pocos días, una vez vuelta a sortear, la causa recayó en manos de Pablo Mántaras, del Juzgado Nº 3. Sin embargo, cuando la Cámara le hizo una serie de consultas, Mántaras envío todo el expediente a la Sala III, de donde nunca volvió.

Ya a fines de septiembre de 2013, la Fiscalía de Cámara rechazó de plano el planteo para desplazar a Gallardo. En su dictamen, la fiscal Daniela Ugolini concluyó que el argumento del Ejecutivo “no alcanza para configurar las causales de recusación invocadas“. También subrayo que estas “deben ser interpretadas en forma restrictiva (…) pues implican un acto grave que apartan la causa del juez natural“.

Tras la maniobra del PRO, Gallardo había denunciado penalmente en la justicia nacional en lo Criminal a Macri; a su ministra de Salud, Graciela Reybaud; al procurador General, Marcelo Conte Grand, y a los directores de los hospitales Ramos Mejía, Durand, Rivadavia, Muñiz, Piñeiro y Santojanni. El magistrado consideró que la recusación en su contra “no sólo obstruye en forma deliberada la actuación de la justicia, sino que favorece indirectamente el encubrimiento y la impunidad“. Los nueve meses que pasaron desde entonces parecen haberle dado la razón.

Si bien la recusación del PRO contra el titular del Juzgado Nº 2 fue por dos de los expedientes en que el gobierno porteño había pedido inhumar cadáveres, en la práctica supuso la suspensión de todos los casos similares que el juez había acumulado en un mismo incidente. A pesar de esto, la Procuración de la Ciudad continuó solicitando a Andrés Gallardo dar sepultura a esos cuerpos que el propio Ejecutivo no sabe dónde están y cuya búsqueda judicial obstaculizó al recusar al magistrado.

Por ejemplo, el 14 de noviembre de 2013, en el expediente 42491/0, el abogado de la Procuración Osvaldo Tróccoli requirió a Gallardo que, “atento al ingente tiempo transcurrido y a los fines de evitar un perjuicio irreparable para el/los óbitos involucrados, (…) se ordene la continuación del proceso”. En respuesta, el juez solicitó “aclarar cuál es el perjuicio irreparable causado a los óbitos cuyo soterramiento se pretende, máxime cuando la demora de cinco años para proceder (…) obedece a la conducta del propio gobierno peticionante”. Además, remarcó que “la actual imposibilidad de adoptar medidas conducentes al avance del proceso obedece a la recusación planteada por el gobierno local en el incidente 42492/1”.

La Procuración también reiteró la petición para el expediente 43589/0. En este caso, desde el juzgado le recordaron que el gobierno porteño “deberá explicar dónde se encuentra el cuerpo de Dylan López“, uno de los cadáveres que no pudieron ser hallados en la morgue del Hospital Bernardino Rivadavia.

No sólo la Fiscalía de Cámara en lo Contencioso de la Ciudad negó argumentos al PRO en su estrategia para hacer frente a la causa de las morgues porteñas. También la Justicia de la Nación supo salirle al cruce, responsabilizando la macrismo por obstaculizar un expediente de gravedad.

En 27 de febrero de 2014, un tribunal en lo Correccional concluyó que el Ejecutivo local, antes que asistir al juez Andrés Gallardo para conocer el destino de los cadáveres que faltan en las morgues de la Ciudad, se esforzó en poner palos en la rueda, en este caso, acusando al magistrado por abuso de autoridad.

Así lo dijo Luis Alberto Schelgel, titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 11, que sobreseyó a Gallardo en la causa Nº 43056, donde el PRO le había atribuido excesos en la pericia.

Junto a las razones formales para el sobreseimiento, en su fallo Schelgel señaló la “sorpresa” que le causó que la querella macrista, “en lugar de acompañar el proceso de esclarecimiento de los dolorosos hallazgos realizados por el Sr. Juez (…), inclusive en aras de su propio interés, manifestado en los amparos que impulsara, decidiera denunciar al Dr. Gallardo“. Incluso, Schelgel definió la postura de la Procuración “como poco razonable e intempestiva, máxime teniendo en cuenta los macabros descubrimientos que produjeron las diligencias ordenadas (…), que involucraban directamente a la administración de esos nosocomios dependientes del gobierno loca”

Fuente consultada: Infonews