Parquímetros: si la Justicia no avanza, habrá un nuevo llamado a licitación

(Barrio de Flores) La extensa polémica por el estacionamiento medido en la Capital llegó a un punto de no retorno. El espinoso camino que recorrió el desarrollo del proyecto para llevar los parquímetros a más barrios y las trabas en la Justicia con sucesivos recursos de amparo que impidieron su aplicación llevaron al gobierno porteño a tomar una decisión drástica: si antes de fin de mes no existe un dictamen judicial que permita avanzar con el nuevo marco regulatorio, la Secretaría de Transporte y Tránsito dará de baja el proceso actual y realizará otro llamado a licitación.

El pliego deberá pasar por la Legislatura, donde en 2013 se aprobó la ley 4888, que establece normas para profundizar el reordenamiento del tránsito, pero aún no puede ser aplicada. Así, el tema volvería a foja cero en el contexto de operatoria ilegal en la que se encuentran las empresas Dakota-STO y BRD-SEC, que se reparten el control de los vehículos mal estacionados en las calles porteñas y el acarreo. Ya pasaron 15 años del vencimiento de sus contratos de concesión, periódicamente renovados desde entonces.

Además del incumplimiento de la ley, las trabas judiciales le generan un perjuicio económico a la Ciudad. Durante 2015, la administración porteña le entregó a las empresas casi $ 77.000.000 para que afronten las cargas salariales de sus empleados, según datos oficiales. Cada una de ellas paga un canon mensual de $ 55.000.

“Si en la Justicia no se avanza hacia una resolución, estamos en condiciones de dar de baja el pliego de licitación y hacer un nuevo llamado para enviarlo a la Legislatura. Ésa es la decisión”, confirmó a La Nación el secretario del área, Juan José Méndez. “Antes de fin de año queremos tener un nuevo sistema de estacionamiento medido funcionando en la ciudad”, agregó el funcionario.

A pesar de que desde 2014, cuando fue promulgada la ley 4888, se sucedieron los anuncios vacíos que no pudieron cumplirse por recursos de amparo y medidas cautelares, el gobierno porteño parece haber dicho basta y puesto una fecha límite para comenzar a ordenar una situación ilegal. ¿Por qué no lo hizo antes? “Confiábamos en que se podía resolver y, además, el estacionamiento medido es considerado un servicio público y el Estado no puede discontinuar la operatoria, sino garantizarla“, explicó Méndez.

La última acción judicial que frenó la aplicación de los nuevos pliegos fue solicitada por una empresa que había quedado afuera de la licitación de la tecnología que tendrán los parquímetros. El antecedente sirvió para que la Secretaría de Transporte, en el caso de lanzar un nuevo proceso, haya decidido incorporar cambios para evitar dar lugar a otros obstáculos de empresas “despechadas”.

Entre las modificaciones, adelantó Méndez, aparecen distintas formas de pago que tendrán los usuarios y la señalización de las zonas donde habrá estacionamiento medido.

Ordenamiento
Cuando se pueda hacer efectivo el nuevo sistema, de acuerdo con el pliego actual, el estacionamiento medido se extenderá al 45% de las calles de Buenos Aires y la cantidad de plazas abarcadas por las áreas de parquímetros representará el 26% de los espacios disponibles. El cambio más importante será la incorporación de más empresas como prestatarias del servicio, hoy monopolizado, que se dividirá en cinco zonas.

Además de organizar la circulación de más de 1.800.000 vehículos que transitan a diario por la ciudad, la nueva regulación busca dar mayor transparencia a las concesiones. Una vez vigente se modificará el destino de lo recaudado por los acarreos que, hasta el momento, queda en las arcas de las empresas; luego se les pagará un monto mensual por el servicio brindado. También se habilitarán tres tipos de tarifas y se incorporará la figura del residente, mediante la cual se podrán tramitar permisos para estacionar sin costo.

El sistema se complementará con la instalación de diez playas de acarreo. Los posibles predios donde se ubicarían son Río Cuarto 1818, Bernardo de Irigoyen y San Juan, Cerrito y Sarmiento (zona A); Couture y Francisco Romero, Guzmán y Jorge Newbery (zona B); Castañares 2351 (zona C); Udaondo y Lugones, Holmberg 4700 (zona D); Salvador María del Carril 4935, Rivadavia 9341 (zona E). Sin embargo, algunas características del proyecto podrían cambiar si se realiza un nuevo llamado a licitación.

En 2015, y según un informe elaborado sobre datos oficiales por el auditor porteño Facundo del Gaiso (ECO), Dakota-STO recibió $ 39 millones, mientras que BRD-SEC otros $37 millones, en concepto de alquiler de cocheras y vehículos. La denominación esconde el verdadero destino de ese dinero, que es utilizado para cumplir con un decreto por el que el Estado se hace cargo de la mayor parte de las cargas salariales de las empresas. Entre 2008 y 2014 la cifra alcanzó los $ 149 millones.

Cómo se extenderá el sistema

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