Cómo operan las bandas en la villa 1-11-14 del Bajo Flores

Desde 2010 fueron condenadas 63 personas acusadas de vender estupefacientes en el asentamiento.

(Barrio de Flores) Nada de lo que sucede es casual. Son las 11.50 de una mañana gris y húmeda. El hombre, apoyado en el capot de un auto estacionado sobre la avenida Riestra, en la puerta de una remisería, mira con desconfianza a las seis personas que entran a paso lento en un pasillo de la villa 1-11-14. Sabe lo que tiene que hacer.Intuye que pueden ser policías de civil, saca un celular y envía la señal de alerta para que se levanten los puestos de venta de marihuana, cocaína y paco. En segundos, los únicos rastros de los vendedores de droga que quedan son los cajones de madera donde estaban sentados y los vasos térmicos con café o mate cocido a medio terminar.

Así se mueven las bandas narco en la villa del Bajo Flores, una zona caliente del narcotráfico en medio de la Capital: con grupos de vigilancia y seguridad para proteger de bandos contrarios y de policías a los vendedores de droga y sus depósitos de almacenamiento.

Dos grandes grupos, uno comandado por peruanos y el otro, por paraguayos, se dividen sectores y el millonario negocio de las drogas en esta geografía de estrechos pasillos, donde las disputas suelen sembrar la violencia y la muerte.

A las 12.15, los pasillos y avenidas de la 1-1-14 se llenan de chicos y adolescentes vestidos con guardapolvos blancos que vienen y van a las escuelas de la zona. En cambio, perdidos y desorientados caminan los consumidores, que llegaron para comprar dosis de cocaína y no encuentran a sus vendedores habituales. No hay rastros de ellos en los sectores de distribución conocidos como “Córner de Lalo“, “Puesto San Juan” y “Puesto Varela” y “Puestos San Jorge“. Todos desaparecieron. Están escondidos. No volverán hasta que los seis extraños se vayan de la villa.

Como se dijo, calificadas fuentes de la Policía Federal y de los tribunales de Comodoro Py afirmaron a La Nación que el negocio de la droga en la villa 1-11-14 está dividido en dos sectores que comandan otros tantos grandes grupos: uno liderado por peruanos y otro, por residentes de nacionalidad paraguaya.

Sólo de la banda comandada por ciudadanos peruanos el juez federal Sergio Torres identificó desde 2010 a más de 100 sospechosos vinculados al narcotráfico. Hubo 63 personas condenadas. Pero el negocio de la venta de droga parece no tener freno en la 1-11-14. Una de las poderosas bandas del Bajo Flores, en su momento, llegó a facturar 350.000 pesos semanales, según se estima. Tampoco parecen detenerse los crímenes derivados del narcotráfico.

El 12 de abril pasado, sicarios volvieron a actuar en las calles del asentimiento. Una lluvia de balas terminó con la vida de los hermanos Leticia, Hugo y Agustín Lezcano González, de 19, 30 y 24 años, respectivamente, y de Gómez Ruiz Díaz, de 21, todos paraguayos.

La única que vivía en la 1-11-14 era Leticia, que tenía una beba de siete meses. Los demás se habían mudado a General Rodríguez, en el oeste del conurbano. Ese domingo fueron sorprendidos por sus asesinos cuando se bajaron del Mercedes-Benz A190 que habían dejado estacionado a 150 metros de la avenida Perito Moreno. Se secuestraron 24 vainas servidas de calibres 40 y 9 milímetros.

La investigación del cuádruple homicidio, a cargo de los fiscales Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez, tuvo un avance importante en las últimas semanas. Los detectives judiciales descartaron que el múltiple crimen tuviera relación con Gustavo Lezcano González, el hermano de tres de las víctimas, que tiene 21 años y está preso en el penal de Marcos Paz a la espera de juicio oral y público, acusado de integrar una banda que comercializaba estupefacientes desde la villa.

“Lezcano González declaró como testigo y explicó que, para él, la masacre se originó en los problemas de convivencia que tenía su familia en la villa“, dijo a La Nación una calificada fuente judicial. No aportó otros datos de importancia. Sólo agregó una vez más que es inocente del delito del que lo acusan.

“Quizá tenga razón y el cuádruple homicidio no esté vinculado a la banda que él presuntamente integraba y por la que está preso”, opinó un detective judicial.

Los fiscales Munilla Lacasa y Giménez investigan otro múltiple crimen ocurrido a metros de donde acribillaron a los hermanos Lezcano González y a Ruiz Díaz. Fue en octubre de 2013, en un garaje que aún hoy funciona como bar y pool. Allí, sicarios acribillaron a Rodolfo Martínez Jara, de 52 años; a Hugo Herrera, de 43; a Amado Benítez Fernández, de 47; a José López, de 21, y a Miño Altagracia Ferreira, de 50.

Martínez Jara había sido detenido un año antes en una serie de procedimientos hechos por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en los que se habían secuestrado 100 kilos de marihuana. Finalmente, fue liberado por la Justicia poco después.

Un año y ocho meses más tarde, los investigadores judiciales están convencidos de que el quíntuple crimen fue una venganza relacionada con otro cargamento de 100 kilos de marihuana secuestrado por fuerzas de seguridad en Entre Ríos.

“Nada de lo que ocurre en la villa 1-11-14 es casual. Varios días antes del quíntuple homicidio del bar-pool hubo un asesinato que, en apariencia, no tenía nada que ver con el narcotráfico y que ahora tenemos la certeza de que tuvo relación con aquel cargamento de droga secuestrado en Entre Ríos y con los crímenes sucedidos en el garaje que funciona como bar“, afirmó a La Nación una calificada fuente judicial.

El mismo informante, tiempo atrás, había dicho: “En la villa 1-11-14 manda el que tiene el arma con el calibre más grande“. No se equivoca. Por ejemplo, en diferentes allanamientos, la justicia federal secuestró varias pistolas y revólveres de diferente calibre, escopetas, ametralladoras, chalecos antibalas, fusiles automáticos livianos (FAL), carabinas automáticas, silenciadores y miras telescópicas.

Fuente: Gabriel Di Nicola en La Nación.