Escándalo judicial: Deportivo Español denuncia a Caruso Lombardi por estafa y asociación ilícita

La actual dirigencia del Club Deportivo Español, presidida por María Sol Méndez, decidió avanzar judicialmente contra el exdirector técnico y exmanager Ricardo Caruso Lombardi. Los cargos penales que impulsan desde la institución son severos e incluyen usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita.

El escándalo se destapó a raíz de una auditoría interna en las instalaciones del barrio de Bajo Flores. El relevamiento dejó en evidencia que el exentrenador se quedó de forma presuntamente ilegítima, hasta el año 2036, con la concesión y explotación de dos canchas de césped sintético. Según los informes, esta maniobra se habría orquestado a través de un tercero, Uriel Videtta, y de Zoe Capital, la firma perteneciente a Leonardo Cositorto, la cual ya está fuertemente vinculada al masivo fraude piramidal de Generación Zoe.

Un contrato leonino y extorsiones mediáticas

El acuerdo, descrito como totalmente abusivo por la actual gestión, fue firmado bajo la administración anterior de Diego Elías sin pasar por la indispensable aprobación de la Comisión Directiva ni por la Asamblea de socios. Según las cláusulas estipuladas en ese contrato, la institución percibiría apenas $1.000.000 anuales a cambio de una hora de uso al día; dinero que, además, la dirigencia afirma que nunca ingresó a las arcas del club. Asimismo, el uso de estas valiosas instalaciones para los chicos de las divisiones inferiores quedó restringido a una sola vez por semana.

Ante la decisión inminente de la actual dirigencia de dar de baja este contrato ilegítimo, Caruso Lombardi habría amenazado a los directivos con “matarlos” mediáticamente a través de sus espacios de opinión en TN Deportivo y en el canal de streaming Aura si no daban marcha atrás con la medida. De confirmarse esta maniobra, los abogados del club advierten que configuraría el delito de extorsión.

Obras sin habilitación y usufructo de tierras públicas

La denuncia penal se agrava al conocerse los detalles operativos adicionales sobre la explotación del predio. Durante el período de la polémica concesión, el ex DT y sus socios subconcesionaron un sector interno para construir un buffet. Esta obra se realizó en secreto y sin los permisos de edificación correspondientes, infringiendo normativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la legislación nacional en materia de seguridad.

El desarrollo de este local comercial operó de manera completamente ilegal y sin ningún tipo de habilitación sanitaria o estructural, hasta que fue clausurado definitivamente por los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control tras registrar una serie de infracciones insalvables.

El agravante final que expone la denuncia recae sobre la propiedad del suelo: el contrato original se celebró en un momento donde el club carecía de la autorización de uso de tierras otorgada por la Ciudad de Buenos Aires, un permiso formal que el predio recién obtuvo a finales de 2025. Cobrar cánones, alquileres o arrendar tierras públicas a terceros simulando derechos de explotación encuadra directamente en el artículo 181 del Código Penal, sumando así el eslabón más pesado a la acusación judicial contra el mediático entrenador.