¿Despenalización? Aporte para la reflexión en relación a la Ley 23737

Queremos compartir con todos ustedes nuestra preocupación, ante los diferentes proyectos de ley que pretenden modificar la Ley de Estupefacientes, Nº 23737, elaborados por distintos bloques políticos y que tendrán parlamento parlamentario próximamente.

Escribe Lic. Juan Carlos Romer
Se habla de la ineficacia de la ley actual ante el tráfico y consumo de drogas, lo que parece evidente, dado al constante incremento de estas actividades en las décadas recientes. Las leyes son herramientas jurídicas que deben hacerse cumplir por intermedio de la presión social y de los aparatos del Estado a esos efectos. Hablamos entonces de la ineficacia de las policías, gendarmería, prefectura, poder judicial y de la relación de esta ineficacia con la corrupción que el narcotráfico ha generado.
El aumento del narcotráfico y del consumo de drogas tiene un impacto negativo muy grande sobre los individuos, sus familias, la sociedad. Se produce un efecto “demostración” que incita al consumo como una forma válida de lidiar con las emociones negativas, de acceder fácilmente a estados eufóricos, evitando ilusoriamente el esfuerzo de lograr estos objetivos sin este recurso, Pura “ganancia”, “costo” casi nulo… Quienes se inician en el consumo, adolescentes de 14 años o menos, son particularmente vulnerables a esta tentación de “placer seguro”. Muchos de ellos seguirán consumiendo y desarrollando dependencia psíquica de las drogas, tolerancia física que demanda mayor consumo para lograr efectos similares, y paulatinamente sintiendo que la vida sin drogas es prácticamente imposible, o cuando menos, muy poco interesante. O sea, hablamos de “muy jóvenes”, muchos carentes de adecuada guía y supervisión parental, fuertemente influidos por los medios de comunicación y por sus pares. También hablamos de sustancias que tienen la capacidad de afectar las capacidades intelectuales y emocionales de las personas, mucho más cuando se trata de adolescentes. Debiéramos estar muy ocupados trabajando para reducir la incidencia y prevalencia del consumo, o al menos evitar su incremento. Y, más allá de los proyectos, a veces fantasiosos, que naufragan ante la falta de decisión política y las carencias presupuestarias, es poco, casi nada lo que se ha hecho, eficazmente, para lograr este objetivo. ¿Cuántos programas permanentes de promoción de la salud y de prevención del consumo de drogas están en ejecución en nuestro país?
En la fundamentación de las modificaciones propuestas se alude reiteradamente al la protección de la autonomía y la libertad individual. Pocas personas debe haber con menos autonomía y libertad que un adicto. Y la cantidad de adictos es directamente proporcional a la de consumidores de las otras categorías mencionadas. La defensa de la libertad pasa, en relación a esta cuestión, por lograr minimizar el consumo de sustancias que la restringen.
Creemos que las modificaciones propuestas, al habilitar el consumo sin “riesgo legal”, autoproducción de drogas para “consumo personal (”¿será posible, no solo cultivar la “plantita”, sino también producir cocaína, en forma domiciliaria y en pequeñas cantidades?”) y la entrega de drogas a terceros, claramente será un estímulo del consumo y una señal muy negativa para los que aún no consumen.
Creemos, de acuerdo a nuestra experiencia en el trabajo en relación a las adicciones, que la cancelación de la posibilidad del tratamiento “compulsivo”, deja a las familias sin una herramienta que en muchos casos se ha mostrado eficaz. Debería tenerse en cuenta que la figura del código civil de “protección de persona”, cuando hay riesgo para sí o para terceros, tiene en cuenta situaciones en las que la perturbación psíquica y los riesgos asociados hacen adecuadas intervenciones en las que existe la presión legal. La conciencia de enfermedad y la demanda de tratamiento, en esta problemática, son una construcción que se da en la interacción con los profesionales y con los grupos de pacientes. Para terminar, se sigue sosteniendo la prioridad de la lucha contra el narcotráfico, pero separando piadosamente a los “pequeños” vendedores minoristas (narcotraficantes también) se manifiesta una contradicción: estímulo del consumo y “combate” al proveedor de ese consumo. Es prudente establecer diferencias de gravedad entre delitos asociados al narcotráfico, pero sin perder de vista que todos son eslabones de una cadena que provoca con sus acciones un enorme daño social.
Quienes trabajamos en la rehabilitación de adictos, tenemos contacto diario con las dificultades que se deben enfrentar para reconstruir una vida sin drogas y del enorme esfuerzo que deben hacer sus familiares para acompañarlos en el proceso de recuperación, que nunca es breve ni carente de sufrimiento. Es por eso que nos genera profundo malestar que se facilite el consumo, exponiendo a gravísimos riesgos a crecientes sectores de nuestra población.

(*) El Lic. Juan Carlos Romer es Coordinador General de la Asociación Yo Soy.

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