Cuatro policías federales fueron procesados por la Justicia porteña que los acusa de haber fraguado entre 2008 y 2011 una serie de actas y testimoniales para encubrir la actividad de prostíbulos en el barrio de Flores, informaron fuentes judiciales.
Se trata de un comisario, un subcomisario y dos oficiales que al momento de los hechos investigados prestaban servicios en la seccional 38va. de esta Capital.
Fuentes judiciales informaron a Télam que los cuatro fueron procesados por la jueza de Instrucción porteña María Fontbona de Pombo quien les imputó los delitos de “falsedad ideológica de instrumento público” y “encubrimiento”.
Esta causa es una derivación de una investigación iniciada por los fiscales Fernando Fiszer y Marcelo Colombo, titular de la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del Ministerio Público.
Los datos incriminatorios surgieron de los informes acerca de posibles casos de trata de personas con fines de explotación sexual elaborados por las comisarías porteñas y que fueron elevados a los fiscales.
Según las fuentes, los fiscales advirtieron irregularidades en los informes de la comisaría 38va. de Flores respecto de locales donde supuestamente se ejercía la prostitución.
“Se obtuvieron dos denuncias anónimas y luego declararon varios testigos que dijeron que ellos nunca habían firmado ningún acta vinculada a estos locales”, explicó a Télam un vocero judicial.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, los policías fraguaban principalmente actas y testimoniales para hacer pasar a los prostíbulos como locales nocturnos legales.
“En algunos casos utilizaban los datos personales de vecinos que iban a la comisaría a hacer cualquier otra denuncia para completar las actas falsas”, indicó el pesquisa consultado.
La fuente indicó que en una primera instancia, esta causa que involucra a los cuatro policías de la comisaría 38va. estuvo a cargo de la jueza María Gabriela Lanz quien les dictó a los efectivos la falta de mérito.
Sin embargo, la Cámara del Crimen luego declaró nula esa decisión, por lo que continuó la investigación pero en manos de la jueza Fontbona de Pombo.
En tanto, la investigación inicial de los fiscales Fiszer y Colombo sobre la presunta trata de personas con explotación sexual está a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría.