La creación de un Consejo de la Propiedad podría generar aumentos en las expensas

(Barrio de Flores) Las últimas horas de debate en la Legislatura porteña siguen provocando coletazos. A las idas y vueltas que generó la discusión por el presupuesto 2016, se suma, por ejemplo, una ley que creó un organismo integrado por diferentes actores de la propiedad horizontal porteña y que encendió la polémica.

Se trata del Consejo de la Propiedad Horizontal de la Ciudad de Buenos Aires (Cphcaba) que, entre sus funciones, tendrá la responsabilidad de crear, administrar y mantener actualizada una matrícula habilitante de administradores profesionales, fijar el monto de cuotas y costos por matriculación de los administradores, así como el valor de los aranceles que deba percibir por los servicios que brinde.

Lo que pareció surgir como una bocanada de aire fresco para el rubro, que por primera vez tendría representantes de todos los sectores en un comité ejecutivo integrado por 11 miembros, se convirtió en un mar de dudas para algunos de los actores, que reclaman mayor participación. Temen que las decisiones tomadas por el comité ejecutivo generen mayores gastos a los consorcios y que se trasladen al propietario o inquilino en las expensas, que ya durante 2015 tuvieron un incremento promedio superior al 30% entre el aumento salarial y los bonos especiales que recibieron los encargados.

El comité ejecutivo, órgano central del Cphcaba, quedaría constituido por tres actores de las cámaras oficiales de la propiedad horizontal, tres del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), uno del sector de consorcios y propietarios, uno relacionado con la defensa de los consumidores, uno del nuevo gremio de Empleados de Administradores de Consorcios, otro de la Defensoría del Pueblo y otro del gobierno porteño.

“Es una aberración, porque se coloca a toda la propiedad horizontal en manos de una corporación privada, creada por el Estado, pero en manos privadas. En su mayoría estará formada por el sindicato de encargados y, en su minoría, por los administradores y los propietarios”, opinó el presidente de la Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal, Osvaldo Loisi, ante la consulta de LA NACION.

En la Capital, se estima que existen por lo menos 50.000 consorcios y funcionan unas 5000 administraciones privadas. Cada una de ellas debería, una vez promulgada la ley y creado el Consejo de la Propiedad Horizontal, obtener una matrícula, renovarla todos los años, pactar los haberes mensuales y cumplir con el código de ética y el reglamento general que exigirá el comité ejecutivo.

El proyecto convertido en ley, elaborado por el legislador saliente del Frente para la Victoria Fernando Muñoz, destaca que el Cphcaba será un ente participativo porque “crea un espacio de debate y discusión”; plural, ya que estará integrado “por todos los sectores alcanzados por las relaciones jurídicas”; representativo, pues “cada uno de los sectores se encuentra representado en igual proporción“, e independiente de los poderes públicos, porque “su accionar no estará ligado funcionalmente a ningún órgano del gobierno de la ciudad”.

Juez y parte

Sin embargo, para el presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (Caphai), Daniel Tocco, “la representación será avasallada y habrá dificultades para tomar decisiones” debido a que no existirá un reparto equitativo entre los lugares a ocupar.

“Se está creando un órgano que legislará y tomará medidas que terminará pagando el vecino. Tendrá facultad para dictar normativas que generarán mayores gastos para el propietario o el inquilino, por lo que podrían aumentar las expensas. El vecino estará atado a decisiones de un sindicato a los que les paga el sueldo”, justificó.

El gremio que representa a los encargados de edificios será uno de los actores con mayor presencia en la conformación del comité, que no será utilizado para discutir las paritarias del sector. “La paritaria se negociará por otro lado, en el Consejo se hablarán otras cosas”, confirmó a LA NACION el titular de Suterh, Víctor Santa María.

El sindicalista opinó que la formación del ente es una buena oportunidad para reunir a todos protagonistas del rubro. “Estarán todos los actores representados: inquilinos, empleados, administraciones, el gobierno. Le da una nueva vida a la propiedad horizontal que hasta ahora no tenía”, agregó. “¿La representatividad? Nosotros tratamos de estar en igualdad de condiciones con los administradores porque son nuestra contraparte; no nos preocupa que haya más integrantes”, aclaró.

Otros rechazos

“Lo primero que noto es un desequilibrio entre los representantes. No puede haber un miembro de las ONG de consumidores y tres de otros sectores. Eso puede provocar que se resuelvan cuestiones en favor de los administradores o de los sindicatos y en perjuicio de los inquilinos y los dueños”, alertó el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino. “Pensamos que está bien que se integre un consejo, pero con mayor equilibrio entre sus miembros para que las resoluciones sean más equitativas y representen a todo el conjunto de los interesados“, agregó.

El fin de año podría traer más polémica en torno del flamante Consejo de la Propiedad Horizontal porteño. Algunas de las partes que ya mostraron su disconformidad ante la sanción de la ley están realizando diferentes acciones para que las autoridades revean la norma antes de ser promulgada, hasta diez días hábiles después de su sanción, que ocurrió el jueves 3 de este mes. La primera opción es introducir cambios; la segunda, más radical, solicitar directamente el veto.

Un estructura con mandato por tres años

El Consejo de la Propiedad porteño no sólo estará constituido por un comité ejecutivo de 11 miembros. Además, tendrá un consejo asesor, una comisión fiscalizadora, un centro de resolución de conflictos y un tribunal de disciplina. Todos los miembros tendrán un mandato de tres años. Según se prevé, sus recursos económicos y financieros saldrán de la matriculación de los administradores, de donaciones o subsidios que reciba, del pago de las multas por incumplimiento del reglamento general, entre otros.