Ante las nuevas medidas, las inmobiliarias temen un control de precios

El viernes, el Gobierno prorrogó, por segunda vez y hasta el 31 de marzo, el Decreto de Necesidad y Urgencia que, promulgado en medio de la pandemia, congela los alquileres, prohíbe los desalojos y extiende el plazo de vigencia de los contratos. Para los especialistas del mercado de bienes raíces, esta decisión complica aún más el mercado locativo, con menos stock disponible y valores más caros. Sin embargo, temen más a lo que pueda venir después. “El próximo paso es un control de precios”, alertan los empresarios inmobiliarios.
“No hay dudas de que, con esta medida, se avanza aún más en un control absoluto de los precios del mercado locativo”, asegura Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria. “La nueva ley ya implica un control de precios porque el ajuste depende de un índice y no de la oferta y demanda. Pero el decreto agrava la situación porque implica que pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento y sin ningún tipo de excusa”, justifica.
Los empresarios inmobiliarios no esperaban una nueva prórroga por parte del Gobierno. “La extensión del decreto en esta instancia, donde ya están habilitadas las mudanzas y no hay más cuarentena, no tiene ningún tipo de explicación más que una decisión política. Esto genera un aumento de incertidumbre. O, lo que es peor, de certidumbre de que ya no se respetan los derechos de propiedad”, sostiene Balayan.

Esta decisión ya modificó al mercado de alquileres. “La oferta de propiedades en el mercado locativo descendió un 13%, si se compara enero 2021 contra el mismo mes del año pasado”, detalla. La merma en el stock también afectó los precios de los alquileres. Según el último informe de Zonaprop, los contratos locativos acumularon una suba del 62% en todo el año pasado, lo que significó 25 puntos porcentuales por encima de la inflación y la mayor suba de los últimos nueve años.

Otra particularidad que genera el decreto 766/2020 es la distorsión de precios entre los nuevos alquileres y aquellos que se mantienen congelados. Hoy, un departamento dos ambientes en el barrio de Caballito cuesta, en promedio, $ 30.000; los inquilinos que utilizaron el DNU pagan, también en promedio, $ 15.000. “En algunos casos, es menos de la mitad. Esto desalienta la inversión. Aquellos propietarios que están pasando por esta situación, muy probablemente, decidan quitar su unidad de alquiler en el futuro”, finaliza Balayan.

Jorge Rizzo, presidente de la Asociación de Abogados Gente de Derecho y ex titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf), ya anunció que se presentará ante la Justicia. “En unos juicios de desalojo que tengo, voy a plantear la inconstitucionalidad del nuevo decreto, que prorroga el anterior”, explica. “(La prórroga) viola el derecho de propiedad. Suspende la garantía de defensa en juico y debido proceso porque varios de ellos ya tienen sentencia e, incluso, orden de lanzamiento”, agrega.

Los precios populares no se encontrarán en las carnicerías porteñas

Según Rizzo, la prórroga “ampara a quienes se encontraban en mora mucho antes de la pandemia que, evidentemente, no es lo que pretende el decreto”. Su planteo estará acompañado por el Cpacf, al que Rizzo presidió en cuatro mandatos.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), aseguraron estar “totalmente en desacuerdo con la decisión del Gobierno porque deteriora el mercado locativo”.

“Estamos evaluando acompañar la medida de Rizzo. Vamos a tratarlo en comisión”, adelantó Armando Pepe, presidente del Cucicba.

“Desde el Colegio Profesional Inmobiliario, vemos con preocupación las diversas medidas oficiales que dificultan el normal funcionamiento del sector de alquileres de vivienda, y reafirmamos nuestra postura a favor de la libertad de mercado, la cual fija sus precios en base a la natural concurrencia entre oferta y demanda”, sostuvo la entidad de los corredores porteños, a través de un comunicado.

Además asegura que “las intromisiones del Estado en los mercados necesariamente generan distorsiones que dificultan la previsión necesaria para el normal desarrollo de las actividades económicas y, en el contexto actual, no hay razones que justifiquen la intrusión en lo que debería ser un acuerdo entre privados”.

“Es un control de precios encubierto. Lo que debería hacer el Gobierno es lo que se hace, por ejemplo, en España. Allí, el ayuntamiento le paga a los propietarios los meses que los inquilinos deben y no pueden abonar por la pandemia y los descalabros que generó en la economía”, concluye Pepe.