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(Barrio de Flores) Las organizaciones criminales que trafican inmigrantes para potenciar la producción ilegal textil están fuera de control, y así lo reflejan tanto la frecuencia como la magnitud de los más recientes allanamientos.
Un conjunto de investigaciones judiciales, datos recopilados por agentes de inteligencia y balances de allanamientos a los que accedió Infobae permiten analizar, a través de casos puntuales, aspectos que definen el accionar impune y cruel que caracteriza a estas mafias.
1. La violencia sexual es un síntoma constante
Sus iniciales son T.S.G, llegó al país desde Bolivia cuando tenía 15 años. Le habían ofrecido “un buen trabajo, buena paga y buen lugar para vivir”. Pero, según declaró, la forzaron a trabajar más de 17 horas diarias, sin recibir dinero a cambio, en una casa precaria de la villa 1-1-14, localizada en el Bajo Flores. Entró en la Argentina con un documento falso, y fue abusada sexualmente en reiteradas oportunidades por el dueño de la fábrica ilegal textil donde la explotaban.
Pese a que sus presuntos captores tenían nombre, apellido y dirección, el juez Julián Ercolini tardó más de 20 meses en ordenar un allanamiento y citar a los acusados. Según información recabada por agentes policiales, en la vivienda de la manzana 25 donde T.S.G asegura que fue explotada, había maquinaria destinada a la producción de ropa. Actualmente, no hay detenidos.
2. La captación no tiene escrúpulos: niños y pobreza
La familia Chuquimia fue acusada esta semana por la Fiscalía 6 de Comodoro Py. Los señalan como miembros de un clan de delincuentes acusados de trasladar ilegalmente, facilitar la permanencia en el país y explotar a inmigrantes provenientes de Bolivia.
Según la denuncia, contactaban a sus víctimas con falsos avisos en periódicos y, también, a través de una red de personas conocidas que sabían de qué se trataba el negocio pero de todas formas lo ofrecían, quizás beneficiados por algún arreglo económico.
Según los investigadores, “quedó demostrada la situación de vulnerabilidad que denotaban las víctimas y la desfavorable situación económica que atravesaban en su país de origen”. Luego, agregan: “Las circunstancias expuestas, sumado a que los trabajadores no completaron la educación primaria, redujeron manifiestamente sus posibilidades de autodeterminación”.
Los criminales compraban pasajes para las víctimas, coordinaban el traslado, y los mantenían reducidos a la servidumbre en dos domicilios del barrio porteño de Pompeya. Un hombre logró escapar y se presentó en la Oficina de Guardia de la Comuna 4 de la Policía Metropolitana. Con su testimonio como prueba principal, se allanaron los talleres. Allí, rescataron a dos niños de seis y dos años, y a cinco adultos. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que ninguno de ellos tenía permiso legal para estar en Argentina.
“En relación al delito de trata de personas, a través de la investigación se comprobó que los imputados conformaban una empresa criminal dedicada a captar personas, tanto en el país como en el extranjero“, asegura el pedido de elevación a juicio.
3. Los talleres clandestinos producen una expansión descontrolada de la tuberculosis
El Instituto de Tisioneumonología Raúl Vaccarezza, un hospital que depende de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, notifica cerca del 30% de los casos de tuberculosis que tienen lugar en la Ciudad de Buenos Aires. En un informe elaborado por el fiscal federal Federico Delgado, médicos de la institución relatan sobre los migrantes explotados: “Los talleres son el único medio social conocido por ellos, debiendo retornar allí como única red de contención, constituyendo entonces una dinámica social que los incorpora y los expulsa en forma permanente, como un circuito perverso de pertenencia”.
“Existe una relación estrecha entre trabajo insalubre, marginación, vulnerabilidad social, alimentación escasa e inadecuada y tuberculosis”, agregan.
Además, destacan: “Los pacientes que provienen de países con alta tasa de proporción de tuberculosis (Bolivia y Perú) se infectan en su país de origen y las condiciones sociales locales favorecen el desarrollo de la enfermedad. La tuberculosis es un emergente de la situación social”. Este aspecto puntual también fue ratificado por los profesionales de la División Tisioneumonología del Hospital Muñiz. Según datos aportados por el Hospital Piñero, cerca del 60% de las personas infectadas trabajan en talleres clandestinos. En el hospital Muñiz, la cifra asciende al 40%.
El informe de la fiscalía agrega: “A partir de la información provista por el Hospital Álvarez, se conocieron casos en distintas escuelas (aproximadamente 13) de la Ciudad de Buenos Aires donde se pudo verificar que en todos los casos se trataba de niñas y niños provenientes de entornos dedicados al rubro textil (puntualmente talleres de costura) y que muchos vivían en los mismos sitios de trabajo en condiciones de enorme precariedad”.
4. Dueños que se muestran exitosos, y coreanos que buscan silencio
El relevamiento sobre los talleres del Instituto de Tisioneumonología Raúl Vaccarezza detalla que la mayoría de los esclavistas instalan los lugares de explotación en los barrios porteños de San Cristóbal, Parque Avellaneda, Mataderos, Floresta, Flores, Villa Lugano y Villa Soldati, además de las villas 1-11-14 y 21-24.
Luego, indican: “A partir del año 2007, hemos observado un desplazamiento de los talleres hacia el conurbano bonarense en los partidos de La Matanza y Lomas de Zamora”, puntualmente barrio Olimpo, Budge y otras zonas aledañas a La Salada.
Explican que, muchas veces, los talleres pertenecen a personas de nacionalidad boliviana que han sido explotadas previamente. “Ellos mismos han sido trabajadores y aprendieron tanto el oficio como la forma ilegal de organización. Se exponen como ejemplo de ascenso social para reclutar personas en su país de origen. Claramente existe cierta naturalización de estas formas de explotación laboral y trata de personas”, señalan.
Luego, agregan: “También existen talleristas de origen coreano que prefieren trabajadores bolivianos con experiencia y referencias, evitan otras nacionalidades e incluso a los bolivianos que porten DNI argentino. El motivo es simple: están dispuestos a trabajar más horas y no hacen reclamos legales”.
5. La muerte en vida, y después
El lunes 27 de abril de 2015, en la intersección de las calles Páez y Terrada, se incendió el taller propiedad del empresario coreano Lee Sung Yop. Rodrigo Menchaca tenía 10 años y Adair Rolando Mur Menchaca, su hermano, tenía 5: ambos murieron en el lugar.
La historia de Esteban Mur y Corina Menchaca, padres de los niños, es devastadora. “En 2009 en Bolivia había papeles, folletos y hasta se convocaba por radio a venir aquí a la Argentina”, explicó Esteban.
Gabriela Carpineti, abogada de la familia, aseguró que, además de que el taller era ilegal, había “violencia verbal permanente y una exigencia constante de incremento de la productividad; los amenazaba con que no debían abrir la puerta por la AFIP, y también les decía que no salieran mucho porque podrían ser deportados”.
Sobre los talleres, Mur explicó: “Es una cadena muy grande que abarca un porcentaje muy alto del ingreso de Argentina y de la cual todos formamos parte porque compramos, porque trabajamos, o lo que sea”.
En este sentido, el padre de los niños pidió “sacar el estigma sobre los bolivianos“. Y señaló que los productos fabricados en talleres ilegales “se venden al exterior, se venden en los shoppings más caros y también en La Salada, pero somos nosotros quienes los confeccionamos, con las mismas manos”.
“Hablar de talleres clandestinos, de esclavos, lo único que hace es revictimizarnos y reforzar lo que muchos creen de nosotros, y la verdad es que somos trabajadores que queremos vivir mejor”, concluyó. NR
Impunidad total
Ezequiel Conde es referente de La Alameda y miembro de SOHO cooperativa, la iniciativa que surgió tras la quiebra de la empresa que abastecía al menos a 45 locales, y fue denunciada por sus propios trabajadores como contratante de talleres clandestinos. En diálogo con Infobae, narra detalles de su recorrido por los sitios donde se esclavizan inmigrantes.
“El nivel de impunidad es total. Cuando describimos el camino de un compañero esclavizado, comienza con un engaño en Bolivia. Cruza las provincias, llega a Liniers, y nadie se enteró. Las denuncias de los trabajadores que escapan cuentan que los talleristas son amigos de los jefes de calle y subcomisarios de la policía. A veces, cuando logran irse y van a las comisarías, los llevan otra vez a los talleres”, contó.
“Cuando hay noticias de los allanamientos, pocas veces cuentan qué pasa con las víctimas. En el incendio de Flores donde murieron los dos niños, mientras el taller se prendía fuego, el dueño llevaba a los trabajadores hacia otra casa. La mafia textil mueve mucho dinero“, indicó.
“El trabajo esclavo es un problema económico, si no es atacado desde ese lado nunca lo van a frenar”, asegura. Y, entre las cosas más impactantes que apreció, cuenta que en un taller clandestino el papel higiénico para los esclavos estaba en un armario con candado, y las víctimas debían pedir permiso para poder usarlo.
Según indica, en la Capital Federal impulsan un paquete de medidas en la Legislatura porteña –que está siendo analizado en comisiones- para que sean auditadas todas las empresas que quieren vender productos textiles al Estado y en locales privados.
El Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines denuncia que en Capital Federal y el conurbano hay más de 5.000 talleres clandestinos donde son explotadas aproximadamente 30.000 personas. NR
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Fuente: Infobae